De acuerdo con una resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, el Estado costarricense podrá suspender e incluso revocar una concesión, cuando la actividad realizada por el concesionario, genere un daño contra el ambiente.
El fallo responde a un recurso de casación presentado por una compañía dedicada a la extracción y procesamiento de rocas. A ésta, un Tribunal Contencioso Administrativo le había rechazado un reclamo presentado, debido a la suspensión de una concesión, por realizar trabajos cerca de un manto acuífero.
